Primeras comisiones del Senado aprueban RJ

09 de septiembre del 2024

Las comisiones del Senado aprobaron este domingo, en lo general, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.

Con 25 votos a favor de la coalición oficialista de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), frente a 12 votos en contra de la oposición, la reforma avanzó sin modificaciones. Ahora, el dictamen será discutido en lo particular y se espera su debate y votación en el Pleno el próximo miércoles.

Entre los cambios más destacados, se incluye la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la disminución de su periodo en el cargo de 15 a 12 años. Además, la Presidencia de la SCJN será rotativa cada dos años, y corresponderá a quienes obtengan mayor votación.

El Partido Acción Nacional (PAN), representado por su líder Marko Cortés, expresó que esta propuesta "agrava los problemas" del sistema judicial, al considerar que vulnera la autonomía del Poder Judicial y debilita el recurso de amparo, lo que podría generar incertidumbre jurídica y económica. Además, alertó sobre posibles efectos negativos en la inversión y el empleo.

Por su parte, legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) también señalaron que la reforma contraviene la Constitución y tratados internacionales, como el T-MEC, mientras que Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los jueces, comprometiendo su imparcialidad y autonomía.

En contraste, Gonzalo Yáñez, del PT, defendió la reforma como un avance hacia la democracia, mientras que Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que la carrera judicial no será destruida y que la selección de jueces seguirá criterios claros.

La aprobación del dictamen ocurre en medio de protestas, incluidas marchas estudiantiles y el paro en la SCJN. Organismos internacionales, calificadoras y embajadas de países como Estados Unidos y Canadá han expresado preocupaciones sobre los riesgos económicos y jurídicos que la reforma podría conllevar.