Liberan a sospechoso en el caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral

28 de febrero del 2024

Liberan a sospechoso en el caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral

En un giro sorprendente dentro de las investigaciones del asesinato de la periodista María Elena Ferral, Antonio N, uno de los implicados, será liberado tras recibir un amparo por parte de un juez federal. La decisión fue anunciada en la audiencia celebrada este miércoles en la Sala de Juicios Orales de la Ciudad Judicial, ubicada en Papantla, Veracruz, bajo el número de expediente 304/2023.


El equipo legal de Antonio N consiguió el amparo argumentando la insuficiencia de pruebas que demostraran la participación de su cliente en el homicidio de Ferral, quien fue asesinada en Papantla el 30 de marzo de 2020. Este hecho marcó un sombrío episodio en la lucha por la libertad de expresión en el país, generando consternación nacional e internacional.


Antonio "N" había sido arrestado el 14 de mayo de 2021 después de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra por supuestos delitos de ultraje a la autoridad, justo al salir de las instalaciones de Ciudad Judicial, donde había obtenido su libertad previamente. La acusación por la cual ahora se le concede el amparo está relacionada con el presunto involucramiento en la muerte de la periodista, un caso que ha captado la atención y el seguimiento de diversos colectivos de derechos humanos y libertad de prensa.


Durante la audiencia, Antonio N, quien fue trasladado desde el Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos hasta Papantla para escuchar el fallo, fue informado por el juez federal de su no vinculación a proceso, lo que pavimenta su camino hacia la libertad.


Los defensores de Antonio N sostuvieron que las pruebas presentadas eran insuficientes para establecer un cargo de homicidio doloso contra el periodista, y argumentaron además que a su defendido le fue negado el derecho a contar con la presencia de un abogado defensor durante las etapas cruciales del proceso.


Este desarrollo suscita nuevas interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia y el compromiso del Estado mexicano para proteger a los periodistas y asegurar que los crímenes en su contra no queden impunes.

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